Las inspecciones de la Seguridad Social ponen a los artistas al borde de la ruina

La Opinión de Tenerife (8 de junio de 2013)

Los locales cancelan espectáculos y dejan sin trabajo a cantantes y actores ante la proliferación de los controles

VERÓNICA GALÁN El aumento de los controles de trabajo realizados por la la Inspección provincial de la Seguridad Social ha desatado el nerviosismo y el pánico entre los artistas y los empresarios del ocio de la Isla, sobre todo en el gremio de los músicos, y ha provocado cancelaciones de espectáculos principalmente en pequeñas salas y pubs. En los últimos meses se han presentado inspectores de la Seguridad Social en estos locales de música en directo. Ahora estos controles también se hacen los fines de semana, festivos y a altas horas de la noche, cosa que antes no ocurría. Suelen ir acompañados de policías locales o guardia civiles para protegerse ante posibles altercados. Exigen que los empleados y los artistas estén debidamente contratados, paguen los impuestos o sean autónomos. El problema es que la mayoría ha venido desarrollando su labor sin cumplir estas exigencias. Y la situación los condena a la ruina.

Los inspectores comprueban los papeles del local y sus contratos con el personal, incluido el de los artistas, y cuando descubren que no cumplen con las exigencias legales, proceden a abrir un expediente sancionador al local y al artista. Las multas oscilan entre los 3.000 euros y los 187.000. Y si se descubre que alguna de estas personas cobra el paro, éste se le retira de forma automática.

Son muchos los bares de la Isla que han recibido estas visitas: BlancoBar, Room 26, Aguere Espacio Cultural, Jet Lag, El Otro, Lone Star... "Ya hay bares que están cancelando las actuaciones por miedo", asegura el monologuista Alejandro Rod.

Aparte de lo inviable que es para un local en estos momentos contratar a los artistas, el gran problema es el de los directamente afectados. En su mayoría, estos músicos, actores o bailarines viven de las actuaciones informales en los bares y, si se acaban, están abocados a la ruina. Y por otro lado, pagar un autónomo, que al mes supone 253 euros y mucho papeleo, les dejaría sin ingresos.

El jefe de Inspecciones de Seguridad Social y Trabajo de la provincia de Tenerife, José Trasobares, asegura que "las acciones de lucha contra la economía irregular en estos momentos es una prioridad de el Gobierno central". "Un trabajador en estas condiciones ve vulnerados todos sus derechos. Además, nuestro sistema se basa en la contribución solidaria de todos los que ejercemos una actividad, por tanto, aquellos que no contribuyen pasando al lado oscuro del modelo económico están vulnerando el sistema, y es un acto insolidario", matiza. Por otro lado, Trasobares comenta que "supone una competencia desleal con los que asumen su carga fiscal". "Desde que soy jefe le he pedido un sacrificio a la plantilla con la creación de una unidad de economía irregular con libertad de actuación", aclara.

Otro de los problemas radica en que los artistas se habían acostumbrado a hacer sus bolos sin que hubiera controles y ahora se han topado con una realidad distinta. David Amador, cantante de Ni un pelo de tonto, cree que éste no es momento de inspecciones. "¿Por qué ahora si lo que deberían hacer es ayudarnos?", se pregunta. Ante esta situación, Amador cree que "la solución es que para entrar a un bar con música en vivo se pague una entrada que incluya una consumición y así el empresario pueda pagar el Alta a la Seguridad Social, porque si no las ganancias las dejamos en ser legales", opina este cantante al que le gustaría que "darse de alta fuera tan fácil como introducir tu número de DNI en una web". "A pesar de todo, nos hemos constituido como empresa porque a duras penas nos lo podemos permitir, ya que tenemos la suerte de que nuestro estilo es comercial", señala para concluir: "Están matando la oferta cultural".

Jesús Garriga es un cantautor de Tenerife afincado en la Península. "He dejado de ir a tocar a Canarias por todo esto. Me parece una persecución al débil", asegura. "Es urgente una reforma para que haya una nueva figura", propone. "Si pudiéramos, pagaríamos nuestra Seguridad Social, pero estamos condenados a la ilegalidad", subraya. "Es una situación desesperada para nosotros y para los empresarios que ya bastante pagan acondicionando sus locales y con las licencias", reflexiona el cantautor.

Los componentes de la banda Fran Baraja y la Banda Reparte son tajantes: "Vamos a seguir tocando en bares porque si no nos arriesgamos, no comemos". "La burocracia y el arte son incompatibles", opina el líder, Fran Baraja. La solución que han encontrado es tocar en la calle. "Para el Estado somos mendigos. Que siga siendo así".

"Le ponen trabas a la única salida que teníamos", se lamenta Javier Afonso, cantante de Grenouille. "En Inglaterra el alta de autónomos es de 10 euros porque allí se dan cuenta del valor cultural de la música". Esta polémica ha cogido al grupo fuera del circuito por estar preparando nuevo disco. "Si esto sigue así nos plantearemos marcharnos a otro país".

Andrés Leoni es uno de los miembros de Tangatos, cuya actuación prevista para el pasado 24 de mayo en el Espacio Cultural Aguere fue cancelada por estas inspecciones. "Esto es parte de una estrategia del Gobierno para que se quede sin cultura y el pueblo sea más manejable", opina el músico, que piensa que "la cultura es un rayo de luz que ilumina la crisis". "Nadie calcula las horas de ensayo, la carga de los instrumentos, la prueba de sonido...", analiza. "El artista no puede ser perseguido por una caza de brujas", comenta Leoni. Este músico tiene claro que "el espectáculo debe continuar porque nosotros sólo vivimos de la música, así que me voy a traficar acordes".

Al cantante de So What!, Alberto Salinas, le parece que "están perjudicando a los que empiezan". "Si esto sigue así nos mantendremos a la sombra hasta que todo pase. Hasta nos hemos planteado hacer conciertos online", asegura el líder de la banda.

El grupo teatral Abubukaka se solidariza con el resto ya que "nosotros somos autónomos pero es un esfuerzo titánico que conseguimos hacerle frente gracias a nuestro público". "Estas inspecciones son un acoso absurdo y ridículo", opina el grupo. "Hay que regular la legislación en base a la realidad, no a ciegas", insisten. "Un grupo de música que está empezando no se puede permitir ni ser autónomo ni pagar las gestiones de los asesores", destaca la compañía. "Así lo único que hacen es cargarse la cultura de base. Esto es un afán recaudatorio patético con la cantidad de ladrones que hay en otros sectores", sentencian.

Pepe Ambrosio es el gestor cultural del Paraninfo de la Universidad de La Laguna. "Para nosotros y para los grupos que vienen a actuar es un perjuicio", asegura. "Existe un exceso de celo en el cumplimiento de una legislación de 1985", apunta Ambrosio. "Cuando más necesitamos que se abra la mano más nos la cierran", concluye.

David Álvarez es el gerente del Café 7 y además miembro de Frank Wild Year. "Los músicos no somos capaces de suscitar el mínimo interés en nadie y nadie está dispuesto a pagar por nosotros", opina. "En el Café 7 hemos reducido la programación porque la gente no está viniendo y sólo hacemos contratos legales", asegura Álvarez.

César Borges, dueño del Blanco Bar, es uno de los perjudicados directos que ha recibido la visita, y consiguiente multa, de un inspector. "De 12 conciertos que teníamos un fin de semana, hemos pasado a tres", asegura frustrado Borges.

La respuesta de los músicos, los más afectados por el momento, no se ha hecho esperar. La primera fue una protesta burocrática que tuvo lugar ayer en la Inspección de Seguridad Social y Trabajo de Santa Cruz. La idea era presentar de forma masiva una solicitud de información –denegada con anterioridad– para conocer sus opciones para trabajar de forma legal. Un grupo de músicos se reunió y trasladó su malestar en la Inspección. Ante esto, el jefe de Inspecciones José Trasobares les invitó a tener una reunión con él ipso facto porque "hablando se entiende la gente", dijo.

Tras la asamblea improvisada, los ánimos se calmaron. Trasobares se comprometió a hablar con sus inspectores y en volver a reunirse con ellos. El cantante de Kakofonías, Kakó Rodríguez, fue el que ideó esta protesta. Al salir de la reunión, aseguró que "la impresión es buena y mala". "La parte positiva es que se ha reunido con nosotros y la mala es que no nos dio una solución y de alguna manera nos acabó seduciendo", precisó. Ante la situación , "vamos a buscar soluciones y hablar entre nosotros para tener otra reunión con él". Este cantante sabe que "cambiar la ley requiere mucho tiempo" pero también es consciente de que ser autónomo "no nos compensa al 80% de los músicos". Sergio Martín, miembro de Frank Wild Year, se queja de que "no hay una regulación especifica para las actuaciones esporádicas".

Para el próximo 21 hay convocada una protesta musical en la Plaza de la Candelaria, en Santa Cruz. Están invitados todos los artistas y consumidores afectados a participar en esta concentración que comenzará a las 18:30 horas. Se habla de una persecución en las redes sociales que está por confirmar. De esta forma, los inspectores podrían estar confirmando qué grupos tienen bastante actividad y cuáles son sus miembros. Así, los inspectores, que tienen acceso a la base de datos de la Seguridad Social, pueden comprobar si esa persona estuvo dada de alta cuando dio el concierto. En caso negativo, asistirá al próximo concierto. El asesor laboral Germán Hernández asegura que "es absolutamente legal: el Facebook es público". Este abogado cree que es una insensatez: "Es como si publican que venden marihuana".